Al ser nombrada secretaria general de Empleo, hace ahora un poco más de un año, me propuse visitar los servicios públicos de empleo de todas las comunidades autónomas para compartir in situ y acometer juntos el proceso de adecuación y mejora iniciado.
Cabe plantear la regulación de las agencias privadas como en Europa Visitando una nueva oficina de empleo, ubicada en un centro de referencia nacional de formación para el empleo, me llamó la atención que la gente del lugar siguiera refiriéndose a ella como la oficina del PPO, el Programa de Promoción Profesional Obrera que -en los sesenta- cualificaba a los trabajadores rurales para adaptarlos a la industria.
Desde entonces se han producido muchas transformaciones institucionales. El PPO itinerante dio paso al SAF-PPO, Servicio de Acción Formativa, que se dotó de centros y estructuras fijas de formación. El SAF se hizo SEAF-PPO, Servicio de Empleo y Acción Formativa, cuando a la formación se le incorporó la gestión de las oficinas de empleo. Con los Pactos de la Moncloa se creó el Inem, al integrarse en el SEAF la gestión de las prestaciones por desempleo.
La consolidación del Estado de las autonomías ha supuesto la desaparición del Inem, por la transferencia de las competencias referentes a la gestión de las políticas activas de empleo, y la consiguiente separación de las prestaciones por desempleo.
Hoy en España, los servicios públicos de empleo están formados por la red territorial de servicios de empleo autonómicos, con competencia para atender a las personas en desempleo o en mejora de empleo y a las empresas que quieren cubrir vacantes; y la red del servicio estatal, competente para gestionar las prestaciones por desempleo. Así, en las oficinas de empleo -que fueron transferidas a las comunidades- comparten espacio los trabajadores de ambas administraciones. La transferencia de estas competencias nos obliga a mejorar continuamente la coordinación entre el todo y las partes.
Hoy es posible y, en mi opinión necesario, construir y compartir desde un proyecto común, que a su vez disponga de la identidad y singularidad territorial que se requiera. Para eso contamos con la ayuda de una herramienta valiosa, Internet, que permite actuar en lo global desde lo local, fomentar el autouso para apoyar la colocación, prestar servicios, informar y formar.
Un buen ejemplo de ello es la red Eures, que canaliza el empleo disponible en la Unión Europea, mediante un portal común o los portales de los servicios de empleo públicos alemanes, holandeses, suecos o británicos.
El proceso de territorialización de los servicios públicos de empleo está unido al necesario reto de lograr su modernización. Es decir, disponer de unos servicios de empleo que puedan ser homologables a los de otros países de Europa en su estructura, organización y tecnología, porque un avance global hará más efectivo el esfuerzo que se realiza en el ámbito autonómico.
He podido constatar en el recorrido de trabajo por más de 40 oficinas de empleo la dedicación y productividad del servicio que se presta, sea en los itinerarios personalizados para el empleo, en la cobertura de ofertas o en el reconocimiento de la prestación por desempleo (el tiempo medio de reconocimiento en España es de cinco días).
Y a pesar de todo, no existe todavía una valoración suficiente de la función que realizan el conjunto de los servicios de empleo públicos. Es urgente concretar el mandato relativo a su modernización.
Una red de servicios de empleo actualizados y en mejora continua debe poder ofrecer un sistema de administración en autouso, sin limitaciones de espacio ni de tiempo, sin papeleo ni ventanillas, y muy especialmente facilitar el encuentro directo entre quienes ofrecen y buscan trabajo. El más efectivo de los canales por donde circula el empleo son los amigos y conocidos. El segundo canal es Internet, que facilita el encuentro directo entre las partes.
La mejora permanente de los servicios públicos de empleo comporta que su posicionamiento global en Internet sea adecuado al contexto actual. El servicio público puede y debe estar entre los portales de búsqueda de empleo más utilizados dando un servicio gratuito a todos sus usuarios, sean trabajadores o empresas. Facilitar la colocación a través del encuentro entre quienes ofrecen y quienes buscan empleo permitirá, por otra parte, potenciar los procesos de intermediación que son propios de la gestión autonómica y que éstos actúen de modo complementario a la red virtual.
En este contexto de mejora continua de los servicios públicos de empleo cabe también plantear la regulación de las agencias privadas en la misma línea que se está haciendo en otros países de Europa. Porque reforzar los servicios de empleo públicos no sólo es necesario para afrontar la coyuntura actual, sino muy especialmente para contribuir al cambio de modelo productivo que necesitamos.
Maravillas Rojo. Secretaria General de Empleo. El País, 12.6.2009
Cabe plantear la regulación de las agencias privadas como en Europa Visitando una nueva oficina de empleo, ubicada en un centro de referencia nacional de formación para el empleo, me llamó la atención que la gente del lugar siguiera refiriéndose a ella como la oficina del PPO, el Programa de Promoción Profesional Obrera que -en los sesenta- cualificaba a los trabajadores rurales para adaptarlos a la industria.
Desde entonces se han producido muchas transformaciones institucionales. El PPO itinerante dio paso al SAF-PPO, Servicio de Acción Formativa, que se dotó de centros y estructuras fijas de formación. El SAF se hizo SEAF-PPO, Servicio de Empleo y Acción Formativa, cuando a la formación se le incorporó la gestión de las oficinas de empleo. Con los Pactos de la Moncloa se creó el Inem, al integrarse en el SEAF la gestión de las prestaciones por desempleo.
La consolidación del Estado de las autonomías ha supuesto la desaparición del Inem, por la transferencia de las competencias referentes a la gestión de las políticas activas de empleo, y la consiguiente separación de las prestaciones por desempleo.
Hoy en España, los servicios públicos de empleo están formados por la red territorial de servicios de empleo autonómicos, con competencia para atender a las personas en desempleo o en mejora de empleo y a las empresas que quieren cubrir vacantes; y la red del servicio estatal, competente para gestionar las prestaciones por desempleo. Así, en las oficinas de empleo -que fueron transferidas a las comunidades- comparten espacio los trabajadores de ambas administraciones. La transferencia de estas competencias nos obliga a mejorar continuamente la coordinación entre el todo y las partes.
Hoy es posible y, en mi opinión necesario, construir y compartir desde un proyecto común, que a su vez disponga de la identidad y singularidad territorial que se requiera. Para eso contamos con la ayuda de una herramienta valiosa, Internet, que permite actuar en lo global desde lo local, fomentar el autouso para apoyar la colocación, prestar servicios, informar y formar.
Un buen ejemplo de ello es la red Eures, que canaliza el empleo disponible en la Unión Europea, mediante un portal común o los portales de los servicios de empleo públicos alemanes, holandeses, suecos o británicos.
El proceso de territorialización de los servicios públicos de empleo está unido al necesario reto de lograr su modernización. Es decir, disponer de unos servicios de empleo que puedan ser homologables a los de otros países de Europa en su estructura, organización y tecnología, porque un avance global hará más efectivo el esfuerzo que se realiza en el ámbito autonómico.
He podido constatar en el recorrido de trabajo por más de 40 oficinas de empleo la dedicación y productividad del servicio que se presta, sea en los itinerarios personalizados para el empleo, en la cobertura de ofertas o en el reconocimiento de la prestación por desempleo (el tiempo medio de reconocimiento en España es de cinco días).
Y a pesar de todo, no existe todavía una valoración suficiente de la función que realizan el conjunto de los servicios de empleo públicos. Es urgente concretar el mandato relativo a su modernización.
Una red de servicios de empleo actualizados y en mejora continua debe poder ofrecer un sistema de administración en autouso, sin limitaciones de espacio ni de tiempo, sin papeleo ni ventanillas, y muy especialmente facilitar el encuentro directo entre quienes ofrecen y buscan trabajo. El más efectivo de los canales por donde circula el empleo son los amigos y conocidos. El segundo canal es Internet, que facilita el encuentro directo entre las partes.
La mejora permanente de los servicios públicos de empleo comporta que su posicionamiento global en Internet sea adecuado al contexto actual. El servicio público puede y debe estar entre los portales de búsqueda de empleo más utilizados dando un servicio gratuito a todos sus usuarios, sean trabajadores o empresas. Facilitar la colocación a través del encuentro entre quienes ofrecen y quienes buscan empleo permitirá, por otra parte, potenciar los procesos de intermediación que son propios de la gestión autonómica y que éstos actúen de modo complementario a la red virtual.
En este contexto de mejora continua de los servicios públicos de empleo cabe también plantear la regulación de las agencias privadas en la misma línea que se está haciendo en otros países de Europa. Porque reforzar los servicios de empleo públicos no sólo es necesario para afrontar la coyuntura actual, sino muy especialmente para contribuir al cambio de modelo productivo que necesitamos.
Maravillas Rojo. Secretaria General de Empleo. El País, 12.6.2009
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